“Chato Harold” y el Comando Vermelho: un asesinato que deja abiertas las pistas sobre policías, extorsión y oro ilegal
Harold terminó acribillado en Yarinacocha, pero su muerte deja abiertas las pistas sobre policías investigados, cuentas utilizadas para recibir dinero de extorsiones y supuestas financieras que habrían servido de fachada a Los Buitres del Oriente. El caso también conduce al Comando Vermelho, cuyos intereses en el narcotráfico y el oro ilegal del Abujao han sido expuestos por Folha de S.Paulo. Falta esclarecer quién protegía a quién, dónde acababa el dinero y qué permanece de la estructura investigada. Las balas acabaron con su vida; no resolvieron las responsabilidades de quienes operaban con él.
Redacción LVU
El asesinato de Wilson Harold Pacaya Huarcaya, alias “Chato Harold”, este 9 de octubre en Yarinacocha, deja pendientes preguntas que desbordan la escena del crimen. Investigado como presunto cabecilla de Los Buitres del Oriente, su nombre aparece en un caso que involucra a policías y en el secuestro de un ciudadano brasileño señalado como integrante del Comando Vermelho. Una publicación atribuye a la tesis fiscal que Pacaya habría proporcionado armas y logística a esa organización brasileña. Su muerte obliga a esclarecer qué papel desempeñaba, quiénes operaban con él y qué ocurrió con los mecanismos de protección y cobro investigados.
El Comando Vermelho tiene intereses que van más allá de los asaltos y secuestros urbanos. En un reportaje publicado el 4 de mayo de 2026 desde Pucallpa, el diario brasileño Folha de S.Paulo describió su expansión hacia la minería ilegal de oro en Ucayali. Según autoridades consultadas por ese medio, el metal extraído ilegalmente se introduciría en circuitos de empresas autorizadas antes de enviar los ingresos a Brasil. El oro aparece así como una fuente de ganancias y un mecanismo para lavar dinero. Esa investigación abre una pregunta sobre compradores, intermediarios y empresas: quién convierte la extracción clandestina en una operación comercial con apariencia legal.
La investigación de Convoca, publicada el 2 de octubre, aporta una base territorial y documental. El medio recorrió la cuenca del Abujao, en Callería, provincia de Coronel Portillo, e identificó 34 concesiones y petitorios mineros, distribuidos entre 22 titulares, cuyas superficies declaradas suman 14 900 hectáreas. También documentó actividad extractiva ilegal en algunas áreas y recogió testimonios sobre la presencia del Comando Vermelho. El reportaje identifica a Bruno de Souza Costa como uno de los presuntos líderes de la criminalidad en esa cuenca. Es el mismo brasileño cuyo secuestro, ocurrido en julio de 2025, vinculó en una investigación penal a Pacaya Huarcaya con efectivos policiales. Tener un derecho minero no demuestra pertenencia a una organización criminal; esclarecer quién explota, financia y compra permite seguir el dinero.
La presencia armada de esa organización volvió a aparecer en los reportes policiales de septiembre. RPP informó de la captura en el Abujao de Leonardo Ferreira de Souza y Francisco Lucas Souza da Silva, señalados por la Policía como presuntos integrantes del Comando Vermelho. El balance incluyó ocho armas modelo AKM, 3 008 municiones y 19 paquetes con una sustancia reportada como droga. Los intervenidos habrían custodiado el inmueble donde funcionaba un laboratorio clandestino. Ese hallazgo reciente muestra la dimensión del despliegue investigado en la zona, aunque no establece una conexión entre aquel campamento y Harold ni permite atribuir a la organización brasileña su asesinato.
Los Buitres del Oriente, por su parte, tenían una estructura que la Fiscalía describió con mandos, conductores, ejecutores armados, responsables de logística y personas encargadas de alertar sobre movimientos policiales. Una comunicación de la Corte de Ucayali del 25 de mayo de 2026 identifica a Víctor Alfonso Sánchez Dávila como jefe de un grupo y a Gray Joel Fachin Gonzales como jefe de otro. Los policías Frank Reátegui Bardales y Snaider Najarro Zevallos son investigados por presuntamente proporcionar apoyo e información. La misma fuente recoge que la organización habría financiado sus actividades con préstamos “gota a gota”: en los allanamientos se incautaron registros de cobros, libretas y publicidad de supuestas financieras utilizadas como fachada para mover dinero ilícito.
Existe, además, una pista bancaria atribuida directamente a Pacaya. En otro caso de presunta extorsión, la Corte informó que Leslie Araceli Vásquez Mendoza declaró haber recibido depósitos de S/1 000 y S/200 por encargo suyo y haberle entregado el dinero después de retirarlo. Ese expediente debe cruzarse con los demás para determinar si compartían integrantes o mecanismos de recaudación. Un informe de Marcio Pérez añade las conversaciones que mantuvo con Harold y las versiones sobre sus contactos policiales. Su asesinato deja pendientes esos testimonios y las investigaciones sobre sus presuntos cómplices. Ahora corresponde establecer qué ocurrió con las cuentas receptoras, las financieras y los contactos investigados. Harold está muerto; el destino del dinero y la responsabilidad de quienes operaban con él siguen siendo preguntas que las balas no han resuelto.
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