Ronderos armados intentaron violar a una mujer que tenía a su bebé en brazos

Un grupo de hombres ingresó ilegalmente a la casa de Cristopher Sapillado y Larisse Rojas para golpearlos y amenazarlos por denunciar “malos manejos” en la dirección del asentamiento humano donde viven. Sin embargo, las autoridades les habrían dado la espalda.

Escribe: Samir Linares

La mujer se defendió con uñas y dientes, pero no pudo evitar que entre todos la desnudaran. | Foto: Santiago Romaní

La noche del viernes 20 de agosto, cuando la pareja integrada por Cristopher Sapillado Jara (27) y Larisse Rojas Urquia (33) descansaban junto a su hija de ocho meses, un grupo de ocho hombres irrumpieron de forma violenta en su casa, ubicada en la margen derecha del kilómetro 9 de la carretera Federico Basadre, en Pucallpa.

Los hombres, que portaban armas de fuego y vestían las prendas características de las rondas campesinas, se abalanzaron contra Sapillado Jara para golpearlo con la cacha de sus escopetas hasta dejarlo en el suelo. Pese a que se había rendido, lo patearon hasta el cansancio.

“Uno de ellos se acercó a mí y me jaloneo de las piernas, haciéndome caer al piso, arrastrándome sin importarle que tenía a mi bebé en brazos”, contó Rojas Urquia, quien durante el asalto pedía a gritos que dejaran en paz a su pareja.

La delgada bata que llevaba puesta se desgarró mientras forcejeaba con los agresores. La mujer se defendió con uñas y dientes, pero no pudo evitar que entre todos la desnudaran. Los monstruos no pararon de tocar sus partes íntimas y hasta introdujeron sus dedos en su vagina.

Con la voz entrecortada, Sapillado Jara dijo a La Voz Ucayalina (LVU) que luego de que cometieron esta serie de abusos, los ronderos se fueron realizando disparos por toda la casa. La joven pareja pidió ayuda y se refugió en la vivienda de un familiar antes de dirigirse a la comisaría de Yarinacocha para presentar la denuncia.

Sin embargo, el personal policial, como si se tratara de un delito menor, se limitó a levantar un acta simple donde registraron los hechos, para luego derivar a la pareja a la División de Investigación Criminal, donde increíblemente tampoco procesaron la denuncia. La Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir para que la demanda fuera finalmente admitida.

“¿Cómo debo sentirme si cuando acudo a la Policía, que se supone es la encargada de protegernos, me dice que vaya a dormir y que regrese al día siguiente a hacer mi denuncia? ¿O cuando me dicen que no pueden derivar al médico legista mi caso porque no tienen fluido eléctrico en sus oficinas? Lo que hemos vivido ese día es una atrocidad y lo mínimo que esperamos es un poco de empatía por los servidores de las instituciones del Estado”, dijo la mujer a LVU.

UNA SERIE DE AMENAZAS

Sapillado Jara y Rojas Urquia, quienes días antes fueron objeto de diversas amenazas, consideran que el autor intelectual de la pesadilla que vivieron es Joel Castillo Amaringo, quien se autoproclamó presidente del asentamiento humano en donde viven, y que las represalias serían en respuesta a los cuestionamientos que la pareja denunciaba, como el mal uso de los recursos recaudados entre los moradores del sector.

“¡Ya van a ver, voy a pedir ayuda a los ronderos de Nuevo Mundo y los voy a botar de su casa, ya van a ver, esperen nomás!”, habría sido la más reciente amenaza que recibió Rojas Urquia de parte de Castillo Amaringo antes de la tragedia. Hasta la fecha no han parado de amedrentarlos por medio de llamadas.

Los convivientes pasaron por el médico legista recién tres días después del asalto a su casa por la supuesta falta de fluido eléctrico en las oficinas del Ministerio Público. Lo mismo ocurrió con el resto de diligencias obligatorias en casos graves como este.

Rojas Urquia, quien conversó con algunos vecinos y personas que acudieron a una reunión privada convocada por Castillo Amaringo, el presunto autor intelectual del crimen, los vecinos habrían sido amenazados de forma similar. “Días después de la agresión que sufrimos, con tono desafiante, dijo que ni se le ocurra a nadie hablar sobre lo que hicieron con nosotros, porque correrían la misma suerte”, dijo la víctima.

El jefe de la XIII Macro Región Policial, José Llerena Yupanqui, dijo que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía, institución que viene recabando la información necesaria para esclarecer el caso e identificar a los culpables. Pese a que la pareja logró identificar a sus agresores, las autoridades todavía no han realizado ninguna detención.

Según Sapillado Jara, los ronderos que los agredieron pertenecen a la Confederación Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Conarc), representada por Juan Vallejos Tinoco, a quien La Voz Ucayalina trató de contactar para conocer su versión. Sin embargo, al cierre de la presente edición, no obtuvimos respuestas.